Legitimidad, economía, y salud: romper el monopolio de lo común
El siglo XXI trajo consigo nuevas perspectivas con respecto a la relación del poder en las empresas, en los gobiernos, en las organizaciones, gremios y sindicatos. Ya no solo se debe tener y detentar el poder. Hoy debe ser legitimado mucho más allá que con un proceso eleccionario.
Esta necesidad de legitimar el proceso democrático de gobernar puede estar ocurriendo por la monopolización de las decisiones de unos pocos que se amparan en elecciones, y que finalmente inciden sobre millones de personas. En efecto, se mira y se reconoce un ciclo de liderazgos centrados ya no en las organizaciones políticas y sociales, si no, más bien en las figuras que son acompañadas de una gran maquinaria electoral, política, que con el tiempo han ido perdiendo fuerza social, y capacidad de transformación con las personas. Pero, aun así, vuelven a resurgir una y otra vez, independiente del sector político en cuál se encuentren.
Esto estaría produciendo un estancamiento en las visiones y comprensión de los procesos sociales con respecto a cuáles son los mínimos que las comunidades consideran como deben vivir el día a día. La distribución de la riqueza hoy debe estar emparejada con el bienestar individual y colectivo de los países.
En ese sentido, la economía debe entender que el Estado no solo es la institucionalidad por la cuál las naciones generan ideas, políticas y prácticas hacía lo sociedad, si no, que el Estado es la forma de vinculación y relación de las personas, donde la economía debe entregar un piso mínimo de bienestar.
¿Qué es lo que pasa cuándo la economía no entrega el bienestar esperado por las personas y comunidades? Esta pregunta, tiene respuestas más bien prácticas, por ejemplo, la función de entrega y generación de bienestar que debería ejercer el Estado mediante la economía, es remplazada por la organización autónoma de las comunidades, y en el peor de los casos, las asociaciones ilícitas como el narcotráfico, el robo, entre otros, pasan a suplir (y reemplazar) al Estado “benefactor”, por solidaridad económica en términos de salud, alimentación, seguridad, e incluso trabajo (independientemente de su característica).
Todo esto, hace que los modelos económicos empiecen a desvalorizarse y cambiar la forma del Estado (entendiendo este como la vinculación entre las personas), encontrándonos con efectos sin antecedentes, como por ejemplo la organización de los desocupados (sin trabajo formal) en forma autónoma, para construir vínculos que generen bienestar, que, sin saberlo corresponde a la construcción de poder propio fuera del Estado.
Ciertamente, esta creación de poder propio fuera del Estado no solo queda expresado en la organización de desocupados, también, y especialmente en las relaciones de salud y todo lo que engloba. Hay que recordar que una de las grandes máximas de la economía de la salud, es que “cuándo el Estado ni el privado entregan salud, las comunidades se organizan para recuperarla”.
El monopolio de las decisiones en salud es aún más peligroso, porque la tecnificación de la salud sin la participación de las personas, comunidades, y sus familias, produce la desorganización del Estado, profundizando la concentración de decisiones, para así ir convirtiendo la cotidianidad en algo que se gestiona en términos de resultados y no de proceso; tal como si fuera un proceso de elecciones, con un ganador y un perdedor.
La monopolización de las decisiones conlleva a dos situaciones que se encuentran plasmadas en casi todos los países de Latinoamérica, durante el primer cuarto del siglo XXI.
La primera, el miedo de los gobernantes de tener que lidiar con un estallido social, por la incapacidad de legitimar y desmonopolizar las decisiones que toman y afectan a las comunidades. En un segundo lugar, la desorganización que trae la monopolización de las decisiones va erosionando el compromiso y esperanza de las personas sobre los procesos democráticos eleccionarios, trayendo la sensación de una democracia minimalista y preocupada de los procedimientos, importando poco si revolucionarios o conservadores gobiernen, mientras exista un orden, que en general son expresados en gobiernos totalitarios, y políticas que ponen en riesgo los derechos humanos.
Finalmente, la legitimidad de la democracia y el rol de la economía deberá ser comprendida en una colectivización de las decisiones, para así romper el monopolio de lo común, renovando e enriqueciendo conscientemente los vínculos de las personas, sin tener que sucumbir a la privatización de la vida, por una falsa sensación de buena gestión y tranquilidad.
